Etiquetado: derechos culturales

Salvemos el patrimonio cultural: no a la extensión del copyright en Uruguay

Ante el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley que elevaría a 70 años los plazos de derechos de autor y conexos, que fuera presentado por el senador Pablo Mieres y rechazado en el pleno, consideramos necesario explicar los perjuicios que un aumento de estas características traería sobre el acceso al patrimonio cultural y el derecho de acceso a la cultura.

En los medios de comunicación se ha asociado dicha extensión únicamente con la actividad de músicos e intérpretes, pero nada se ha dicho hasta el momento sobre el verdadero alcance de esta reforma. El derecho de autor cubre a todas las creaciones del intelecto humano, no solo la música, y la sociedad debe informarse sobre el alcance de esta propuesta de aumentar los plazos de propiedad intelectual a nivel de la cultura toda.

El aumento de plazos devolvería al dominio privado miles de obras y materiales culturales que hoy se encuentran en dominio público, afectando el derecho de acceso a la cultura y al conocimiento. Obras como las de Felisberto Hernández, Petrona Viera, Susana Soca, Justino Zavala Muniz, Julio Suárez (Peloduro), Lauro Ayestarán, Carmen Barradas, Carlos Vaz Ferreira o Juan José Morosoli se privatizarían y deberían ser borradas de Internet. Datos disponibles en la base de datos autores.uy demuestran estos daños, tal como se explica en este informe.

Una propuesta legislativa similar fue introducida en la Rendición de Cuentas del año 2013, provocando un rechazo generalizado del sector cultural y de la ciudadanía en su conjunto. Ese rechazo social provocó el retiro de la propuesta en aquella oportunidad.

La normativa de derecho de autor debe reflejar un equilibrio entre los titulares de derechos de propiedad intelectual y el resto de la ciudadanía, a la que hay que garantizar el derecho de acceder y participar en la vida cultural. Este proyecto de ley atenta contra ese equilibrio.

El proyecto de ley en discusión transformará a colecciones completas de obras con gran valor histórico en material indisponible. De hecho, ante la falta de excepciones al derecho de autor que permitan realizar copias de preservación y ante los altos costos que implica ubicar a cada heredero de cada obra (fotográfica, literaria, musical, audiovisual, etc.), quienes impulsan iniciativas de preservación y/o digitalización se ven obligados a esperar al ingreso al dominio publico de cada obra para realizar estas tareas. Aumentar 20 años más este plazo de espera implicará una pérdida irremediable de miles de obras.

La ampliación de derechos para los artistas no se consigue extendiendo los ya larguísimos plazos de propiedad intelectual, que mayormente benefician a herederos e intermediarios. Para lograr este objetivo, es necesario impulsar una regulación de los contratos de edición que prohíba los términos abusivos a los que se ven sometidos los artistas. Asimismo, es fundamental garantizar una seguridad social sólida para los artistas, que les permita tener cobertura de salud y una jubilación digna. No menos importante es garantizar la transparencia de las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, y disminuir sus altísimos descuentos administrativos.

El proyecto de extensión de plazos de derechos de propiedad intelectual no atiende ninguna de estas necesidades reales de los artistas. Está orientado, en cambio, a aumentar el stock de activos de empresas discográficas y de otras entidades intermediarias.

Por todo lo anterior, nos oponemos al proyecto de ley presentado por el senador Pablo Mieres, y, en general, a cualquier proyecto de extensión de plazos de derechos de propiedad intelectual que menoscaben los derechos culturales de la ciudadanía.

También les pedimos a nuestros legisladores y legisladoras que retomen el tratamiento del proyecto de ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio, que recibió en 2016 media sanción del Senado y que hoy, lamentablemente, se encuentra paralizado. Invitamos a la ciudadanía a seguir sumando sus adhesiones a la plataforma de apoyo a dicho proyecto.

En definitiva, esperamos que, a la hora de legislar sobre la normativa de derecho de autor, el Parlamento uruguayo tome en cuenta el interés general de la ciudadanía y los derechos culturales de toda la sociedad, basándose en un amplio e informado debate social.

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Todos ganamos derechos: petición ciudadana en favor de la reforma del derecho de autor

Más de 300 personas ya firmaron una carta ciudadana para pedirles a los miembros de la Cámara de Representantes que le den aprobación definitiva a la ley de acceso a la cultura y a materiales de estudio.

La carta plantea la necesidad de acompasar la ley de derecho de autor con las prácticas de acceso a la cultura del siglo XXI. Explica que todos los sectores involucrados van a ganar derechos con esta nueva ley, legalizando usos y costumbres ampliamente aceptados, que garantizan derechos culturales fundamentales. Además, subraya la necesidad de que el proyecto se apruebe tal como se le dio media sanción en el Senado, sin recortes innecesarios.

“Tenemos la convicción de que la Cámara de Senadores aprobó una ley garantista, justa para todos y adecuada a los tiempos que corren. Una ley apoyada por amplios sectores de la sociedad que se han manifestado a su favor. Por eso, consideramos que la Cámara de Representantes debe aprobar este proyecto que regula el acceso a la cultura y nos pone, como ciudadanos, en igualdad de derechos con nuestros pares de la región y del mundo.”

El Movimiento Derecho a la Cultura apoya la carta ciudadana e invita a sumar adhesiones. Pueden leer la carta completa y agregar sus firmas en el sitio web todosganamosderechos.org

El derecho a estudiar es justo. Defendámoslo ahora.

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El pasado 6 de abril el proyecto de ley que incorpora limitaciones y excepciones a la ley de derechos de autor fue aprobado en la Comisión de Educación y Cultura del Senado uruguayo y está próximo a recibir media sanción en esa cámara.

El proyecto de ley beneficia a estudiantes, docentes, bibliotecólogos, investigadores y al público en general, al actualizar un capítulo de excepciones que no se modificaba desde que la ley de derechos de autor fue promulgada en 1937. Estas excepciones permiten que dejen de ser violaciones a los derechos de autor, actividades cotidianas como navegar en Internet, recibir un libro prestado en una biblioteca, o fotocopiar un fragmento de un libro para estudiar. En el caso de las infracciones a la norma que se realicen sin fines de lucro, el proyecto las quita de la órbita penal (lo cual hasta el día de hoy puede desembocar en penas de cárcel para los infractores), pasándolas al plano civil, que es donde deben ser analizadas las acciones que causan, en el peor de los casos, solo un hipotético perjuicio comercial.

Este proyecto cuenta con el más amplio apoyo popular, y lo avalan desde el movimiento estudiantil a los trabajadores del PIT-CNT, pasando por bibliotecólogos, investigadores, docentes y organizaciones sociales que militan por el acceso a la cultura.

En las últimas horas, dirigentes de AGADU han establecido contactos políticos a todo nivel para tratar de presionar buscando la eliminación del artículo que quitará del ámbito penal las infracciones al derecho de autor que se cometen sin fines de lucro y sin ánimo de generar perjuicio al autor.

Esta actitud de un puñado de dirigentes de AGADU demuestra la mezquindad de una dirigencia apartada de sus bases, que con una actitud corporativa, que no representa en absoluto el sentir de la gran masa de autores y autoras de nuestro país, apunta a mantener la inseguridad jurídica en la que toda la ciudadanía se encuentra por actividades tan comunes como realizar copias para estudiar o compartir una fotografía en las redes sociales.

Cabe recordar que en AGADU tiene derecho a voto menos del 15% de los socios, y la actual directiva fue elegida por menos del 3% de ellos. Sólo están habilitados a votar aquellos autores que pertenecen a una pequeña minoría que maneja los hilos de la institución en función de sus intereses corporativos.

La directiva de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) también ha presionado sistemáticamente para evitar que las excepciones al derecho de autor en favor de la cultura, la educación y bibliotecas se conviertan en ley. Afirman que tales excepciones destruirían la industria editorial uruguaya, sin advertir que en los más de 150 países donde ya existen excepciones para bibliotecas o en la cantidad similar de países que ya cuentan con excepciones para educación, la industria del libro funciona sin inconvenientes. El mayor peligro para los dirigentes de la Cámara del Libro no es, por cierto, el proyecto que el Parlamento se apresta a aprobar, sino su propia visión anacrónica del ecosistema del libro, que así como los lleva a protestar por las prácticas de acceso a la cultura de los usuarios en el siglo XXI, también les impide ver oportunidades de negocio que vayan más allá de los rígidos monopolios sobre las copias.

Desde el Movimiento Derecho a la Cultura afirmamos que esta reforma es justa y necesaria. Equilibra derechos que estaban brutalmente desbalanceados en favor de las corporaciones que controlan la propiedad intelectual y en contra de los derechos de los usuarios. Convocamos a la ciudadanía a manifestar su apoyo desde las barras del Senado el día de la votación, que tendrá lugar el 13 de abril desde las 9:30 hs.

Contra la privatización del patrimonio fotográfico en Argentina

estas fotos van a desaparecer

Las organizaciones abajo firmantes hacemos saber nuestra preocupación por el proyecto de ley que aumenta en Argentina el plazo de derecho de autor de las fotografías.

En Argentina actualmente las fotografías entran en dominio público 20 años después de publicadas. El proyecto de ley presentado por los diputados nacionales Liliana Mazure, Gloria Bidegain, Susana Canela, Gastón Harispe, Héctor Recalde y Eduardo Seminara, busca extender el plazo de derecho de autor de las fotografías hasta los 70 años posteriores a la muerte del autor.

Comprendemos y nos parece loable la intención de proteger a los trabajadores de la cultura. La falta de protección que sufren estos trabajadores en su quehacer cotidiano es un problema largamente conocido que necesita ser abordado de manera multidimensional, para asegurar contratos justos, ingresos acordes y seguridad social, en línea con los derechos conquistados por los trabajadores de otros sectores.

Sin embargo, esto no es lo que el proyecto de ley actual propone. Por el contrario, la ampliación del plazo de monopolio sobre las fotografías desatiende los problemas centrales de la profesión, no redunda en beneficios para los fotógrafos y, de manera añadida, lesiona el interés general de acceder a la cultura y a la memoria histórica.

Es bien conocido que en la mayoría de los casos los titulares de las obras fotográficas no son los autores, sino los editores y los medios de comunicación a quienes ellos las ceden. Al extender el plazo del monopolio sobre las obras fotográficas, los principales beneficiarios serán, por tanto, las empresas titulares de los derechos. De este modo, el proyecto no guarda relación con el objetivo de garantizar un nivel de vida digno a los creadores.

Las fotografías, más que otros materiales culturales, guardan un especial interés público, dado que dan cuenta de los procesos históricos y culturales de una sociedad. Representan las costumbres de épocas pasadas, fijan en la memoria colectiva sucesos históricos y retratan a sus personajes principales. La indisponibilidad de las imágenes del pasado dificulta el ejercicio de la memoria histórica afectando el interés común de la sociedad.

De aprobarse el proyecto de ley, miles de imágenes de Argentina deberán ser eliminadas de Internet y de otros lugares donde estén a disposición del público, dado que la extensión del plazo operará retroactivamente. En caso de no retirar las fotografías, las instituciones y personas que las pongan a disposición podrían enfrentar procesos civiles y penales.

Entre las entidades afectadas por el proyecto de ley se encuentran los museos, archivos y bibliotecas públicas y populares, que cada vez más frecuentemente digitalizan sus acervos y los ponen a disposición de la ciudadanía en Internet. Proyectos como la biblioteca digital Trapalanda, de la Biblioteca Nacional, y los esfuerzos de digitalización y puesta a disposición del Archivo General de la Nación de Argentina van a verse severamente afectados por la medida, debiendo retirar grandes cantidades de fotografías del acceso abierto y público en Internet.

Otra de las iniciativas que más sufrirá será Wikipedia, la enciclopedia comunitaria y sin fines de lucro a través de la cual todos actualmente accedemos al conocimiento de manera libre y gratuita. Miles de fotografías de Argentina que ilustran artículos enciclopédicos de enorme importancia deberán ser eliminadas, afectando principalmente a los usuarios que día a día utilizan Wikipedia para acceder al conocimiento y aprender.

Por último, la demora en la entrada en dominio público de las obras fotográficas plantea dificultades para la preservación de las mismas. Para preservar fotografías es necesario poder realizar copias y distribuirlas de modo eficaz, lo cual bajo este proyecto de ley será imposible a menos que se cuente con la autorización expresa del autor. Más que con ningún otro formato de obra, las fotografías tienden especialmente a convertirse en obras huérfanas, es decir, que se vuelve imposible localizar a sus autores. A la luz de esta dificultad habitual, la extensión del plazo de derecho de autor desde 20 años post-publicación a 70 años post-mortem impondrá sobre los esfuerzos de preservación una enorme barrera.

En definitiva, el proyecto actual afectará el acceso a la cultura y la preservación de la memoria histórica, dificultará el trabajo de las instituciones culturales y, en lugar de beneficiar a los fotógrafos, favorecerá a las empresas intermediarias, desatendiendo las soluciones reales que los trabajadores culturales necesitan.

Las organizaciones firmantes les pedimos a los legisladores de Argentina que retiren el proyecto de ley y que abran un debate público tendiente a mejorar las condiciones generales para la circulación de los bienes culturales en Argentina.

Firmantes:

Acceso Libre – Venezuela
ACI-Participa – Honduras
Ártica – Centro Cultural Online – Uruguay
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones – Internacional
Asociación por los Derechos Civiles – Argentina
Avellaneda Libre – Argentina
BaixaCultura – Brasil
Casa13 – Argentina
CasaFractal – Colombia
Colectivo de Fotografía Las Niñas – Chile
Colectivo Espika – Uruguay
Creative Commons Argentina
Creative Commons Colombia
Creative Commons Uruguay
Circuito Cultural Cono Sur, NODO Cba. (CCCS)
Derecho a la Cultura – Uruguay
Derechos Digitales – Chile
El eje: creatividades colaborativas – Colombia
Electronic Frontier Foundation – Internacional
FOSS Lawyers Institute – Ecuador
FotoLivre – Brasil
Fundación Imagen – Bolivia
Fundación Karisma – Colombia
Gráfica Libre – Internacional
HackLab Cochabamba – Bolivia
Hiperderecho – Perú
IPANDETEC – Panamá
Kino Graph Cine club – Colombia
Kinorama Producciones – Colombia
LibreBase Córdoba – Argentina
Medionegro – Argentina
MiSoL Misiones – Argentina
Periódico El Turbión – Colombia
Proyecto mARTadero – Bolivia
Public Knowledge – EUA
Red ECO – Chile
Red Panal – Argentina
Ruwashayku, Comunicación y Cultura – Perú
SADO Colectivo Fotográfico – Argentina
SuenaLibre – Chile
Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital – México
TEDIC – Paraguay
TeléfonoRoto – Colombia
Telartes – Bolivia
Vía Láctea Ediciones – Uruguay
Wikimedia Italia
Wikimedia Uruguay
Zuma Ecosistemas Culturales – Colombia

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Para saber más:

http://www.vialibre.org.ar/2015/09/28/preocupacion-por-proyecto-de-extension-de-propiedad-intelectual-para-fotografias/

http://www.wikimedia.org.ar/2015/09/29/wikipedia-se-puede-quedar-sin-fotos-de-la-historia-argentina/